Candidato nominal: Eduardo Finat Gómez en Abogacía de Valladolid, enero de 2026 Fuente original: https://www.icava.org/public/Attachment/2026/1/reista_ene_2026.pdf ALCANCE Artículo íntegro de p. 34 con cabecera, fotografía y su identificación nominal, título, subtítulo, autor y todos los párrafos. La entrada se conserva como candidato nominal sin filiación acreditada a la rama familiar. TRANSCRIPCIÓN DEL ORIGINAL (castellano) ABOGACÍA DE VALLADOLID / Reflexiones / 34 [Pie de fotografía:] En la fotografía de izquierda a derecha, arriba: Abelardo Rodríguez Merino, José Antonio de Benito Miranda, Eduardo Fernández-Dívar Fernández, Antonio García-Quintana Pérez y Eduardo Finat Gómez; abajo: José Rodríguez-Monsalve Garrigós, Doris Benegas Haddad, María Lucía Lafuente Mendicute y Carlos Gallego Brizuela. La sosegada abogacía que encontramos hace 50 años y la que dejamos enfrentada a un desafío histórico Por Carlos Gallego Brizuela, abogado. El 22 de noviembre de 1975 se celebró la ceremonia de nuestro juramento como nuevos abogados. Éramos ocho abogados (Doris Benegas, Antonio de Benito, Eduardo Finat, Antonio García-Quintana, José Rodríguez-Monsalve, Eduardo Fernández-Dívar, Abelardo Rodríguez Merino y yo) y una procuradora, M.ª Luz Lafuente, lo que constituyó un pequeño acontecimiento local por varias razones: porque Doris Benegas (la única cuya pérdida sufrimos) era la segunda abogada que se incorporaba a nuestro colegio, uniéndose a la única, Carmen Vela —que luego accedió al decanato (1997-2000)—, que hasta entonces estaba colegiada; porque M.ª Luz Lafuente era también la primera procuradora de los tribunales vallisoletana; y porque el número de nuevos profesionales incorporados de una tacada multiplicaba varias veces el que había sido normal que se incorporase anualmente hasta entonces, sin contar los otros compañeros que se habían sumado al Colegio anteriormente en el mismo año. Y por todo ello, el periódico local Diario Regional dedicó a la información de nuestra jura las dos páginas centrales de su edición del día siguiente. La transformación que ha experimentado nuestra profesión en este medio siglo no tiene parangón con ninguna de las anteriores, desde la fundación de nuestro colegio el 19 de marzo de 1592, suponiendo una pacífica revolución, inducida por dos factores fundamentales: la incorporación de la mujer al ejercicio de la abogacía, por un lado; y, por otro, la masificación de nuestro colectivo que de reunir a poco más de 300 abogados cuando empezamos, ha pasado a integrar actualmente más de mil seiscientos en activo. Naturalmente, concurren más novedades, fundamentalmente por la revolución tecnológica que se ha producido en estos años y por la promulgación de un ordenamiento jurídico completamente nuevo, como consecuencia del relevo del régimen franquista por la monarquía parlamentaria, cuyo parto coincidió exactamente con esos días de nuestros inicios profesionales, pues monarca y abogados juramos el mismo día 22, aunque nosotros hemos “reinado” más. A toda esa serie de circunstancias históricas se sumó la profunda transformación que también experimentó la sociedad española, refiriéndome solamente a dos de los factores principales de ese proceso: por un lado, al creciente número de licenciados universitarios en Derecho cuya incorporación a la abogacía ha delimitado un cuadro que pone en crisis el marco históricamente perfilado para el ejercicio de nuestra profesión, como efecto del proceso de democratización de las enseñanzas superiores que han permitido el acceso a las carreras universitarias de muchos más jóvenes, proporcionalmente hablando, que antes; y, por otro, por el modelo económico vigente, que ha entronizado un principio de competencia a veces agresiva entre quienes concurrimos en ese sector del mercado profesional. Todo ello ha propiciado tanto una masificación del número de abogados sin un crecimiento proporcional de la oferta de trabajo, conduciendo a un cuadro de auténtica proletarización de la abogacía, cuyos síntomas están empezando a manifestarse con agudeza; como ha propiciado también un mercado de trabajo en que se persigue una reducción de los precios de nuestra prestación profesional como consecuencia de una competencia agresiva y encarnizada. Creo que ni individual ni corporativamente estamos concediendo a este fenómeno la importancia que le corresponde ni afrontándolo con el interés que exige. Es necesario que nuestro colectivo profesional no se desentienda del abordaje de un problema tan grave, propio de una transición histórica inserta en la excepcional encrucijada a la que estamos asistiendo en términos cuya gravedad seguirá creciendo. Solamente si nos preparamos para amortiguar los efectos de ese nuevo cuadro y nos ponemos a prevenir los daños que irremediablemente surgirán cuando se produzcan todos los ajustes por venir, evitaremos la reproducción del error histórico de otras colectividades ante situaciones críticas similares, confiadamente impasibles hasta que les explotó el problema en las manos, con un coste cuyos contemporáneos acabaron lamentando amargamente, como lamentaron también no haber abordado el problema en su debido momento con medios ordenados y a un precio mínimo, primando los aspectos humanos y jerarquizando los intereses en conflicto, como cabe esperar de una colectividad profesional con las capacidades y aptitudes de la nuestra. ■ NOTAS DE LECTURA Candidato nominal: el artículo identifica a un adulto Eduardo Finat Gómez, abogado juramentado en 1975, pero no dice padres ni fecha de nacimiento. No se fusiona con el niño del natalicio de 1951 ni se identifica como familiar confirmado. Cotejo visual del texto impreso y de la leyenda fotográfica; se unen palabras partidas por renglón.